Reunión entre representantes de la empresa CONSA y el Ministerio de Minería para abordar los obstáculos normativos que afectan la extracción de sal en el Salar Grande. Los expositores señalan que el Plan Regulador Intercomunal de 2022 impuso restricciones que no tienen un sustento en la realidad, como catalogar zonas desérticas para vivienda social o protección ambiental, bloqueando la operatividad de la pequeña minería. Se destaca el valor estratégico de la sal de alta pureza para la lixiviación de cobre, advirtiendo sobre un posible déficit nacional que pondría en riesgo la competitividad minera de Chile. Ante la burocracia de los permisos sectoriales, se proponen soluciones como el uso de polvorines móviles y ajustes en los umbrales de producción para evitar procesos ambientales extensos.
Temáticas abordadas por CONSA en reunión del día 15 de abril:
El Plan Regulador Intercomunal Costero de Tarapacá afecta a la minería del cobre al bloquear y limitar drásticamente la extracción de sal en el Salar Grande, un insumo que se ha vuelto crítico y estratégico para la producción cuprífera en Chile
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Actualmente, la minería del cobre está implementando un fuerte cambio tecnológico hacia la lixiviación clorurada, un proceso que mejora la recuperación de cobre pero que requiere grandes cantidades de sal de alta pureza. Esto ha disparado la demanda interna de sal, saltando de consumos históricos de 40.000 a 50.000 toneladas anuales a cerca de 3,3 millones de toneladas.
El Salar Grande es fundamental en este escenario, ya que cuenta con reservas para 4.000 años de la sal más pura del planeta (99% de pureza), sin embargo, el Plan Regulador promulgado en 2022 catalogó el Salar Grande (una roca gigante de sal en una zona inhóspita) como una zona de extensión urbana para subsidios habitacionales y de protección de la biodiversidad. Esta zonificación genera una serie de trabas burocráticas que amenazan el suministro para el mercado y especialmente para la gran Minería, como por ejemplo:
- Las Direcciones de Obras Municipales (DOM) se ven obligadas a rechazar permisos industriales estándar para apoyar la extracción salinera. Por ejemplo, impiden la instalación de plantas de chancado, bodegas o polvorines para explosivos, argumentando que el área está destinada a viviendas sociales.
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- Tramitar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) podría tardar hasta 8 años debido a que múltiples organismos consultivos ahora son resolutivos por los usos incompatibles del suelo
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- Ante el bloqueo de nuevas empresas mineras salineras y la insuficiencia de los megaproyectos actuales para cubrir la futura demanda, se proyecta un déficit gigantesco de sal para el mercado interno al año 2035
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En definitiva, las restricciones del Plan Regulador actúan como un freno operativo sobre la minería de la sal, lo que derivará en una grave escasez de este insumo a nivel nacional, afectando directamente la producción y la competitividad de las empresas que utilizan este mineral, y muy particularmente, el proceso de Lixiviación Clorurada en las empresas Mineras.
